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24.3.16

Informe señala que más del 55% de los trabajadores no podrá acceder a negociación colectiva

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La investigación del economista de Fundación Sol Gonzalo Durán señala que "arriba a la conclusión de que, en el actual estado de la discusión (tras ser aprobada por el Senado), la Reforma Laboral le restringirá las posibilidades de participar en negociaciones colectivas a un grupo mayoritario de trabajadores".

El estudio publicado por la Fundación SOL “Reforma Laboral, ¿Ampliando Coberturas? Trabajadores/as excluidos de la Negociación Colectiva”, concluyé que entre un 55,7% y un 61,4% de los trabajadores asalariados del sector privado no podrán ejercer su derecho a negociar colectivamente debido a las diversas restricciones del texto legal.

La investigación, desarrollada por el economista Gonzalo Durán, deja en evidencia tres casos bajo amenaza concreta de lograr muy escasa o ninguna cobertura en la negociación colectiva: 1) Trabajadores que laboren en micro y pequeñas empresas (MIPEs, empresas de hasta 49 trabajadores), 2) Trabajadores con contrato definido por obra, faena y los de temporada. 3) Trabajadores sujetos a relaciones de subcontratación. Para realizar la estimación de trabajadores se ha procesado la información de la última Encuesta Nacional de Empleo considerando dos situaciones: todos los asalariados privados y sólo los asalariados privados con contrato de trabajo escrito.

En el caso de las MIPEs, se analiza el impacto de restringir más aún los quórums de constitución sindical, estableciendo que éstos deben representar al 50% de los trabajadores de la empresa. El estudio señala que, “En la actualidad, casino existe representación sindical en las MIPEs y la lógica indica que si hoy es complejo tener presencia de sindicatos, con esta nueva restricción lo será mucho más”. En esta situación se contabilizan 1.410.192 personas.

En el caso de los trabajadores con contrato por obra o faena, se ha incorporado la obligatoriedad de negociar colectivamente (en todo caso, sin derecho a huelga y sin fuero) sólo en el caso que la obra o faena tenga una duración superior a los 12 meses. “Hoy más del 85% de los contratos definidos a tiempo, ya sean contratos a plazo o por obra o faena, tienen una antigüedad inferior a 12 meses”, explica el estudio. Excluyendo a los trabajadores ya considerados en el primer caso, en este grupo se contabilizan 566.762 personas.

Finalmente, lo aprobado hasta el momento permitirá a las empresas mandantes, poner término al contrato comercial con las empresas contratistas en caso de huelga. “La amenaza de la pérdida del contrato comercial y probablemente de la fuente laboral asoma como un repelente directo frente a la actividad sindical” sugiere el estudio. La estimación de trabajadores en este caso (que no se han contabilizado previamente), asciende a 319.840 personas adicionales.

En definitiva, entre 2,3 y 3 millones de trabajadores (en el caso de incluir a los asalariados privados sin contrato escrito) se verán excluidos del derecho a la negociación colectiva.

Durán concluye que, “hablamos de que entre un 55% y un 61% de los asalariados del sector privado tendrán serios problemas para negociar colectivamente. El proyecto tropieza con lo básico, en dar garantías para que aumente el porcentaje de trabajadores involucrados en la actividad sindical”.

Fuente: El Ciudadano

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