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25.4.16

El complejo escenario que enfrentará la Reforma Laboral en el TC

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Este lunes expondrán ante el TC diversas organizaciones que presentarán sus alegatos frente a la impugnación presentada por la oposición a cuatro puntos de la iniciativa. Desde la derecha adelantan que presionarán en la titularidad sindical y la extensión de beneficios.

Organizaciones sindicales, centros de estudios y empresas intentarán este lunes persuadir a los ministros del Tribunal Constitucional a través de la presentación de sus observaciones a la impugnación de la reforma laboral.

Para avalar el requerimiento presentado por la oposición, el Instituto Libertad y Desarrollo participará en la audiencia pública a través de su representante el abogado, Sergio Morales, quien adelantó que centrarán la atención en la titularidad sindical y la extensión de beneficios.

Según Morales habría “afectaciones a la libertad de conciencia, al derecho de igualdad ante la ley y a la libertad sindical. Esto en la norma de la titularidad de la negociación colectiva que la Constitución dice que es de las personas no de los sindicatos. Es un cambio de titularidad de derechos fundamentales que se hace a nivel legal y eso nos parece gravísimo porque no puede venir una ley a cambiar los titulares de los derechos fundamentales. Independiente si a la gente le guste o no le guste la Constitución”, argumentó

El abogado adelantó que la línea argumental se basará en el “cambio de titular de derechos”, porque la Constitución “asegura los derechos de los trabajadores y no del sindicato”. En esa línea dijo que “con la titularidad sindical se privaría de libertades individuales a las personas para entregárselos a un ente colectivo”.

En la misma línea de Morales, se presentarán también a la audiencia representantes de los empresarios entre los que se encuentran el abogado Héctor Humeres de la CPC; el secretario general de La Sonami, Jorge Riesco; la Sofofa con su abogado laboral, Felipe Sáez; la Cámara Nacional de Comercio con su abogado asesor, Cristián Acuña; y Eduardo Riesco, fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura Además de la Cámara Chilena de la Construcción.

El profesor Héctor Toledo señaló que “este proceso es parte de las anomalías que dejó el Golpe de Estado en el país, porque se trata de derechos que fueron obtenidos en el siglo XIX”. En ese sentido explicó que “sin titularidad sindical no tiene sentido el derecho laboral”.

“El derecho laboral, en cierta medida, corrige el contrato individual a través del contrato colectivo. Todo trabajador que entra a una empresa tiene un contrato implícito o explícito con el empleador y ahí hay ciertas condiciones iniciales. Esas comienzan a ser consideradas ya por el trabajador no como individuo que entra a un empleo sino como el empleado colectivo que también tiene algo que decir respecto de las maneras de trabajar dentro de la empresa”, afirmó Toledo.

Para el abogado laborista José Luis Ugarte, todos los puntos impugnados son rechazables. Sin embargo, advirtió que “el Tribunal tiene una fuerte connotación política y por lo tanto, más allá de los argumentos, es posible que algunos puntos del requerimiento de la derecha sean acogidos”.

Además dijo que en este proceso los trabajadores han quedado en la absoluta soledad, esto porque la derecha logró que se discutan sólo los puntos que ellos quieren.

“No hay que caer en una trampa que es decir que el proyecto no es tan malo porque la derecha lo está impugnando. Es una trama porque lo que se está discutiendo en el Tribunal son cuatro puntos de cien que tiene la reforma y que son justamente donde se percibe un avance modesto. Entonces cuidado porque en el Tribunal se van a discutir los puntos que la derecha quiere que se discutan, pero los retrocesos que perjudican a los trabajadores no se están discutiendo ahí”, señaló.

Al respecto, recordó que la reforma del Gobierno aumenta el quorum de sindicalización por lo que será más difícil formar sindicatos y por lo tanto habrá menos gente negociando colectivamente. “Lo que para un proyecto que pretendía devolver derechos colectivos a los trabajadores resulta absurdo”.

El encargado de exponer los argumentos del Gobierno en la ronda de alegatos, será el abogado laboralista Francisco Tapia, quien estará acompañado por el equipo jurídico compuesto además por Javier Couso, Carlos Mackenney y Andrés Aylwin, quienes consideran que los argumentos de la oposición son débiles, por lo que existe confianza en el resultado del proceso.

Las normas impugnadas

Las normas impugnadas por los parlamentarios de la centro derecha son la titularidad sindical, que establece que el sindicato será siempre el principal actor de la negociación colectiva, terminando con los “grupos negociadores” en empresas con sindicato.

En este caso el requerimiento argumenta que “el derecho a negociar colectivamente es de los trabajadores y no solo del sindicato, de acuerdo a lo que señala la Constitución.

La “extensión de beneficios” también fue impugnada con este requerimiento. La norma entrega al sindicato la prerrogativa de extender o no los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados. Para la oposición esto corresponde a “un mecanismo encubierto de sindicalización obligatoria”.

Respecto de los sindicatos interempresas, la reforma establece que para los empleadores será obligatorio negociar con estas entidades sindicales, en el caso de las micro y pequeñas empresas será voluntario. El requerimiento en este caso indica que la voluntad de la Constitución es que la negociación sea “con” la empresa, es decir, dentro de la misma prohibiendo la negociación ramal.

Finalmente respecto del derecho a la información, la presentación hecha por los parlamentarios de Chile Vamos sostiene que con esta norma se vulneran los derechos de privacidad que establece la Constitución y que, según se afirma en el texto, hasta ahora es resguardado en el Código del Trabajo.


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