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1.9.16

José Ortiz: Chile ratificó convenios de la OIT “solo con el objeto de aparentar”

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ENTREVISTA: En conversación con Sindical.cl, el histórico dirigente habló sobre la queja presentada ante la OIT, denunciando el incumplimiento de cinco convenios internacionales ratificados por el Estado de Chile. Además se refirió a la actual situación de los trabajadores en el país.

Este año, José Ortiz finaliza su período como vicepresidente de la Federación Sindical Mundial (FSM), cargo que ocupa desde 2011, y lo hará dejando en proceso una queja ante la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) por las violaciones del Estado chileno a los convenios 87 sobre libertad sindical, 98 sobre derecho a negociación colectiva, 151 sobre relaciones de trabajo en la administración pública, 145 sobre los representantes de los trabajadores y 103 sobre la protección de la maternidad.
En conversación con Sindical.cl, el histórico dirigente habló sobre la reclamación en curso y abordó la actual situación de los trabajadores en Chile, aprovechando su experiencia como presidente de los trabajadores metalúrgicos entre 1983 y 1991 y secretario general de la CUT durante de la década pasada.
“Yo tengo harta confianza de que al final las cosas que no se resuelvan en Chile, van a tener que ser los organismos internacionales los que la hagan cumplir”, comentó.
¿Cómo se originó la queja?
La queja es un trabajo que ha desarrollado el coordinador para Chile de la FSM,  durante varios años. La primera presentación ante la OIT se hizo el 2013. Sucedió un “incidente” en el viaje, entre la oficina central de la OIT y la plenaria, porque se extravió la última hoja, donde iba la firma del documento. En 2014 nosotros intentamos con la posibilidad, pero no la tuvimos, porque no hubo ningún delegado trabajador que quisiera acompañarnos en esta cruzada.
En 2016, con mucha más experiencia e información, logramos encontrar que la FSM nos patrocinara la reclamación y los compañeros del Perú, en nombre de los trabajadores del mundo, aceptaron solicitar la presentación de una Comisión de Encuesta para Chile, para que se trataran los incumplimientos que el país viene produciendo hace muchos años.

¿Por qué decidieron seguir esta acción ante la OIT?

Chile ratificó los convenios el año 1999. Entendemos que el Parlamento dio su aprobación, por lo tanto, los convirtió en ley de la República, pero solo con el objeto de aparentar ante el mundo que ellos eran respetuosos de las normas y poder ser aceptados en la OCDE. Al final, fuimos la moneda de cambio para que la OCDE autorizara la entrada de Chile para exportar sin ningún tipo de dificultades al resto del mundo.
El gobierno chileno debe cumplir, de una vez por todas, con tres elementos básicos de la libertad sindical. El primero es el derecho que tienen los trabajadores a organizarse en sindicatos, toda vez que en Chile cuesta mucho. Seguimos actuando como si estuviéramos en plena dictadura, porque somos perseguidos.
El segundo es el derecho de los sindicatos a negociar colectivamente. Lo que hay en Chile es simplemente un remedo de negociación colectiva, porque uno presenta el pliego y el patrón hace como que responde, pero uno no tiene herramienta para presionar. Porque el tercer elemento, que es el derecho a huelga, no lo tenemos en Chile. El empresario puede reemplazar a todos los trabajadores si paga 4 UF.

¿Qué busca la FSM a través de la presentación de la queja?
Que la legislación chilena se ponga en armonía con los convenios internacionales y que se repare el daño causado a los sindicatos ramales (interempresa) y a miles de trabajadores que están siendo golpeados.
¿Tuvieron acercamientos con representantes del gobierno antes de emprender esta acción ante la OIT?
Les pedimos varias veces entrevista a las ministras del Trabajo. A Evelyn Matthei, a la señora Blanco y a la señora Rincón. No es que nosotros hayamos hecho esto porque nos dio la gana, pero no nos pescaron. Entonces, cuando uno no es escuchado, tiene el legítimo derecho de usar sus herramientas de hecho y derecho.
Hasta ahora no hemos recibido ninguna convocatoria de parte de la autoridad para conversar. Entonces, nosotros entendemos que ellos creen que lo están haciendo súper bien.
¿En qué estado se encuentra la queja? ¿Cuándo habrán novedades?
La conferencia tomó conocimiento y se traspasaron todos los documentos al Consejo de Administración de la OIT, donde están los gobiernos, empresarios y trabajadores. En este momento, están en el proceso de comunicarle a Chile la presentación de la queja formalmente y a fines de octubre, se reúne el Consejo, que debería designar a tres personas para tratar el tema en concreto y venir al país.
¿Han tenido problemas por hacer esta reclamación?
Otra organización internacional, la Confederación Sindical Internacional (CSI), a la cual está afiliada la mayoría del movimiento sindical chileno, intentó por varias vías bajar la reclamación. De hecho, presionaron al compañero de la CGTP del Perú (que presentó la queja ante la OIT) y a algunos de nuestros compañeros en Ginebra. El propio canciller del Perú presionó a la embajadora de Perú en Ginebra para que bajaran la queja.
¿Por qué?
Porque a veces así funcionan las cosas. Los derechos de los trabajadores no siempre están en el centro, sino que hay otros intereses. Además, porque el gobierno chileno se dirigió a reclamarle al gobierno de Perú.
¿Qué capacidad tiene la OIT para generar cambios en la situación de los trabajadores del país?
Lo que pasa es que aquí estamos ante el incumplimiento de cuatro tratados internacionales. Personalmente, considero que si el gobierno chileno no se allana a resolver este problema, la OIT tiene que llevar el caso a la Corte Internacional de la Haya.
Además, Chile va a caer en violación de los convenios internacionales y, por lo tanto, los tratados con EEUU, Canadá y la Unión Europea entran en contradicción, porque Chile pasa a tener un comercio con dumping social, lo cual está cuestionado en las normas internacionales sobre comercio.
¿Cuáles son sus expectativas respecto de la resolución de la OIT?
A la OIT no le queda nada más que acoger la reclamación. Igual pueden buscar una solución intermedia, pero nuestra salida va por el hecho de que se cumplan los convenios. Ya está claro que ni el gobierno de turno ni el Parlamento tienen mucho interés en hacer cumplir los tratados.

“El movimiento sindical erró la táctica para este período”
Parte de la conversación giró en torno al momento de actual de los trabajadores en el país. En este sentido, Ortiz realizó una evaluación sobre la conducción de la CUT durante el último gobierno, además de dirigir sus críticas hacia la Reforma Laboral y la actuación de los tribunales en casos de vulneración de derechos laborales.
¿Qué opinión tiene sobre la relación de la CUT con el actual gobierno de Bachelet?
Yo creo que el movimiento sindical erró la táctica para este período. Se volvió tropezar con la misma piedra de 1990, cuida el gobierno y no a los trabajadores. Es un error político de proporciones y que al movimiento sindical le está costando muy caro.
¿Cómo ve las elecciones de la CUT?
No quiero opinar sobre eso, porque opté por no involucrarme en un proceso en el que no creo. Yo pienso que un trabajador un voto es la única forma que da garantía a los trabajadores de que no haya ningún tipo de malas prácticas.
Yo no creo en sindicatos de bolsillo, creo en sindicatos de masa, porque son los únicos, como quedó demostrado el domingo (se refiere a la marcha No+AFP del 21 de agosto), que pueden hacer que las cosas cambien. Los trabajadores nos damos cuenta muy luego cuando quienes están al frente están por luchar o simplemente están haciendo una cachaña.

¿Cómo evalúa el desempeño de las instituciones nacionales (Dirección del Trabajo, tribunales de justicia) en relación a la protección y defensa de los derechos de los y las trabajadores/as?
Son un asco. Voy a poner un caso, no voy a dar el nombre de la empresa, pero estábamos negociando colectivamente y la Inspección del Trabajo ayudó a la empresa a crear un sindicato patronal, llevando a la gente a votar a la fuerza.
Hay otro caso, que no está puesto en la queja, pero que refleja la magnitud del descuadre, donde hay un juez que señala que el hecho de que el patrón se inmiscuya en las actividades sindicales es algo positivo, que él tiene derecho a llevar a sus trabajadores a formar un grupo negociador. Incluso, la Corte de Apelaciones legitimó ese fallo. Si el patrón puede inmiscuirse en la vida del sindicato, ¿dónde queda la libertad sindical?
Ahora, nosotros entendemos que los jueces dependen del poder Ejecutivo y sabemos de la presión que ejercen los empresarios y el Estado. Pero si no tenemos una justicia independiente, no tenemos Estado de Derecho ni democracia. Yo siento que en Chile tenemos una dictadura, porque no existen instituciones autónomas.
¿Cambia la situación con la Reforma Laboral?
La Reforma Laboral es un fiasco. Yo hice el esfuerzo y participé en el debate sobre el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, que decía que se iba a poner en armonía la legislación chilena con el convenio 87 de la OIT. Ahora, los que escribieron eso no entienden nada del convenio 87 o intentaron engañarnos y después no sabían cómo salir. Entonces, la reforma que salió no tiene nada que ver, y todo lo que fue aprobado está en contradicción con el convenio 87.
¿Cuál es su mirada en relación al debate sobre el sistema previsional, que actualmente ocupa la agenda?
Para dar un solo dato: yo sigo imponiendo en el antiguo sistema de previsión. En 1981, cuando iniciamos la lucha contra las AFP, la administradora Summa y la caja de compensación Los Héroes estuvieron a un paso de destruir nuestra confederación. Porque nosotros decíamos en ese momento que si diez trabajadores no eran capaces de financiar la pensión de un trabajador, ¿cómo un trabajador podría financiar su pensión por sí solo?
Nosotros creemos en un sistema tripartito mejorado, con fondos de reserva para inversión, pero creemos que la Presidenta ha elegido un camino equivocado. Aquí no es un problema del pilar solidario, sino que las pensiones son muy bajas y un trabajador no puede financiar su propia pensión, porque al final el Estado va a terminar pagando todas las pensiones.

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