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25.6.18

Funcionarios de Bienes Nacionales piden a Contraloría fiscalizar más de 100 despidos

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“Los actos administrativos que generaron los despidos y los términos anticipados de contrata, nos parecen arbitrarios e ilegales”, expuso Natalia González, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales.

Hasta la Contraloría General de la República llegaron los trabajadores del Ministerio de Bienes Nacionales para solicitar al jefe del órgano fiscalizador, Jorge Bermúdez, una revisión sobre el centenar de despidos a personal de contrata y honorarios de la secretaría de Estado encabezada por el UDI Felipe Ward.

“Los actos administrativos que generaron los despidos y los términos anticipados de contrata, nos parecen arbitrarios e ilegales”, expuso Natalia González, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales (Anfubienes).

La dirigenta planteó que “el Estado no se puede transformar o continuar en esta dinámica de botín de los gobiernos de turno” y puso en duda el carácter de las nuevas contrataciones en la cartera.

“Adicionalmente, se ha incorporado la solicitud de fiscalización respecto de las nuevas contrataciones, que también han cursado con posterioridad a los despidos en nuestro ministerio, en atención que estas nuevas contrataciones han soslayado los principios rectores del Servicio Civil y la propia política de gestión de personas que nuestra actual subsecretaria (Alejandra Bravo) ha propuesto”, agregó Natalia González.

Junto a los funcionarios, el diputado comunista Daniel Núñez dijo que a la fecha, el Ministerio de Bienes Nacionales acumula más de 100 despidos. “La verdad es que estos han sido fuera del marco legal y también con procedimientos que están viciados”, afirmó el parlamentario.

A juicio de Núñez, “estos despidos van a hacer que el Ministerio tenga un trabajo más ineficiente, que haya menos experticia y por eso, entonces, es que ratifica lo arbitrario de estos despidos”.

Una de las personas despedidas desde Bienes Nacionales fue la destacada abogada de derechos humanos, Julia Urquieta, quien culpó a la “derecha cavernaria” por su salida desde la cartera junto a 35 personas más, concretada en abril de este año.

“Hemos expresado nuestro total rechazo con que se cumpla la promesa de campaña de Sebastián Piñera, de que iba a recortar la grasa del Estado. Puedo acreditar que quienes fuimos despedidos no éramos grasa”, afirmó la abogada comunista en la oportunidad.

En esa fecha, los funcionarios de la cartera denunciaron “razones infundadas” para justificar los despidos, como “reestructuración de las Divisiones y Departamentos, reducción de dotación, idoneidad y especialización profesional”.

Para Anfubienes, esos argumentos tenían como objetivo “despedir a trabajadores para reemplazarlos, sin mediar el tiempo necesario para realizar una evaluación objetiva respecto a la función que desempeñan, y sin considerar consecuentemente capacitación, mérito o experiencia de cada uno”.

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